Boletín 24-1999

 

México D.F. a 15 de noviembre de 1999

 

SE ENTREGA INFORME A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

  • Consigna el estado procesal de las operaciones detectadas en 7 bancos que fueron intervenidos y/o saneados.
  • La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda pondrá este reporte en conocimiento de los legisladores.

En atención al exhorto formulado por la H. Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) entregó al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Fauzi Hamdan Amad, la información sobre el estado procesal que guardan las operaciones clasificadas como "Transacciones Reportables del Grupo C" en las auditorías ordenadas por el Congreso al auditor Michael W. Mackey (Informe Mackey).

El exhorto se sustenta en un punto de acuerdo que establece que la información proporcionada por este Instituto, será puesta en conocimiento de los legisladores por la Mesa Directiva de la Comisión de Vigilancia.

De acuerdo con la clasificación elaborada por el auditor Mackey, las transacciones del Grupo C son aquellas que han sido o están siendo revisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y/o ciertos bancos, ya sea porque se determinó que eran ilegales o porque pueden considerarse como una violación a las leyes y reglamentos que afectan a las instituciones financieras mexicanas. El Informe Mackey establece que en este supuesto se encuentran operaciones por un monto cercano a los 6 mil millones de pesos.

Para atender la solicitud de los legisladores, el IPAB solicitó información a la CNBV, a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), así como a la Procuraduría General de la República (PGR), esta última responsable de integrar las averiguaciones previas e iniciar los procesos en contra de los involucrados.

Con base en esta recopilación, se identificaron 62 operaciones que corresponden a 7 bancos intervenidos y/o saneados, sobre las cuales ya se han emprendido acciones judiciales por caer en alguno de los supuestos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, tales como:


  • Entrega de información falsa por parte de los deudores, o su aceptación por parte de los funcionarios bancarios aún a sabiendas de que se trataba de información apócrifa.
  • Operaciones autorizadas con conocimiento de que le causarían un quebranto a la institución.
  • Desvío de recursos por parte de los deudores.
  • Alteración y/o falsificación de información y/o documentos por parte de funcionarios bancarios.
  • Entrega de sobornos a funcionarios bancarios.

 

De los 64 casos señalados en el Informe Mackey las autoridades competentes coinciden en la información correspondiente a 61 casos. Con fecha 11 de noviembre se envió un oficio al auditor para que aclare la situación de 2 de estos casos; respecto a la operación restante se continuará actuando en coordinación con la CNBV, la PFF y la PGF, a fin de informar a la Comisión de Vigilancia sobre su estado procesal.

Respecto al estado procesal de los 61 casos, la PGR informó que 21 corresponden a averiguaciones previas y 40 a procesos penales.

Respecto a las averiguaciones previas, que corresponden a un monto de 2,141.45 millones de pesos, 10 están en proceso de integración; en 5 casos no se ha ejercido acción penal, toda vez que se tendrá que esperar el resultado por la vía civil para la recuperación de los adeudos; 2 han prescrito y 4 se encuentran en consulta de no ejercicio de la acción penal por hechos no constitutivos de delito.

Por cuanto a los 40 procesos penales, que representan un monto total de 3,374.12 millones de pesos, involucran a 37 personas cuyos nombres fueron puestos en conocimiento del diputado Hamdan Amad.

Al entregar esta información el IPAB atiende el exhorto formulado por la H. Cámara de Diputados en los plazos sugeridos y reitera su disposición a seguir haciéndolo cuidando siempre de no obstaculizar los procesos emprendidos por las autoridades financieras y judiciales competentes.

Con esta acción, el IPAB reitera su compromiso de cumplir puntualmente con su mandato legal.

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