Boletín 09-2000
México D.F. a 2 de marzo del 2000
PARTICIPACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO EN LA 63 CONVENCIÓN BANCARIA EN ACAPULCO, GRO.
Palabras del lic. Vicente corta Fernández, Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en la sexagésima tercera Convención Bancaria.
Señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, Licenciado José Ángel Gurría Treviño;
Señor Gobernador del Banco de México, Doctor Guillermo Ortiz Martínez;
Señor Presidente saliente de la Asociación de Banqueros de México, Licenciado Carlos Gómez y Gómez;
Señor Presidente entrante de la Asociación de Banqueros de México, Ingeniero Héctor Rangel Domene;
Señoras y señores legisladores al Congreso de la Unión; distinguidos miembros del presidium;
Señoras y señores:
Representa para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario un motivo de particular satisfacción acudir a la Sexagésima Tercera Convención Bancaria en la ciudad de Acapulco. Asisto por primera vez a este importante foro de discusión con el nombramiento de Secretario Ejecutivo del Instituto, con el que la Junta de Gobierno del organismo me honró hace diez meses. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las bases que han permitido el establecimiento de un nuevo sistema de protección al ahorro bancario, meta alcanzada gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad, el Gobierno de la República y las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
Antes de comenzar la exposición, quiero expresar mi más sincero reconocimiento a Carlos Gómez y Gómez, quien con su talento y sensibilidad, fue actor en una de las más dramáticas transformaciones al sistema
financiero durante su gestión al frente de la Asociación de Banqueros de México. No puedo dejar de referirme a su discurso de toma de posesión como presidente de ésta asociación, en un momento en que la opinión pública cuestionaba con severidad la actuación de algunos banqueros. Fue Carlos quien tomó la iniciativa para poner en un primer plano los valores éticos que deben caracterizar al gremio bancario. Su desempeño al frente de la asociación fue un refrendo constante de esa visión ética del quehacer bancario, que le ganó el respeto de la comunidad financiera, las autoridades, los partidos políticos, los medios de comunicación y la
sociedad en su conjunto.
La presentación consta de tres secciones. En la primera, se describirán algunas características de los sistemas de protección al ahorro contemporáneos y se examinarán los elementos que han dotado de una fisonomía propia al Seguro de Depósito previsto por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En segundo lugar se hará una formulación de los criterios para el manejo de los bienes, derechos y obligaciones recibidos por el Instituto en términos de ley. Por último, se expondrán los principios que rigen la actuación del Instituto.
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El funcionamiento de un sistema bancario lleva implícito riesgos. El apalancamiento que caracteriza a las Instituciones de Crédito a nivel global, aunado al hecho de que sean los custodios del ahorro de la
población, exige la creación de mecanismos para que el estado regule y supervise su operación.
La experiencia mundial ha demostrado que esta función estatal no siempre es suficiente para impedir la insolvencia de alguna institución. Para evitar que los problemas financieros de un banco puedan ocasionar la pérdida del patrimonio de millones de personas, así como para poner límites al costo fiscal de los apoyos financieros que se otorguen, el Congreso de la Unión aprobó el 12 de diciembre de 1998 la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
La década de los noventa se ha distinguido por una mayor volatilidad en los mercados financieros. Habida cuenta de la vulnerabilidad de las economías nacionales ante el comportamiento de los flujos externos de capital, cuyos efectos en tasas de interés y tipo de cambio con frecuencia han impactado en forma negativa en las Instituciones de Crédito, no resulta extraña la preocupación de los gobiernos por establecer y mejorar sus sistemas de protección al ahorro. Al presente cerca de 70 países cuentan con seguros de depósito; sólo en América catorce naciones gozan de ellos.
No es factible enfrentar los retos de proteger el ahorro social sin una arquitectura institucional capaz de entender y compartir la responsabilidad de velar por el patrimonio de los mexicanos. La publicación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario constituye un brillante ejemplo de los resultados que puede rendir la cooperación entre el Gobierno de la República y el Congreso para resolver los grandes temas de la agenda nacional. Gracias al valiente esfuerzo de los partidos que antepusieron el interés nacional a sus estrategias políticas, se protegen las operaciones de casi 31 millones de cuentas.
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La confianza es la piedra de toque del Sistema Bancario; es un elemento esencial en la vida económica. Sin crédito (es decir: sin confianza, sin tener fe en el otro), se carece de mecanismos que agilicen la circulación de la riqueza y permitan extender sus beneficios. Promover la confianza constituye el objeto de los sistemas de seguro de depósito. Sin confianza no hay banca.
Otro tanto se puede decir del ahorro. Sin él resulta impensable contar con recursos suficientes para auspiciar una expansión económica sostenida y elevar los niveles de bienestar.
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Las disposiciones legales en vigor encierran una profunda redefinición de las características del seguro de depósito en México. De una salvaguarda casi plena de las obligaciones a cargo de la banca, a partir del primero de enero del 2005 se pasará a una cobertura explícita acotada al pago de hasta 400,000 unidades de inversión por persona y por institución, que equivalen hoy a casi un millón cien mil pesos. La medida, congruente con prácticas internacionales, sin duda también alentará la búsqueda de políticas de crédito más eficientes entre las Instituciones Bancarias. Mayor disciplina en los mercados supone un desarrollo racional y ordenado de los intermediarios y, en consecuencia, menores costos sociales en las operaciones de protección al ahorro. Además, las acciones adoptadas salvaguardan plenamente los intereses del pequeño y mediano depositante.
Un sistema financiero eficiente supone el establecimiento de límites que acoten el importe de las obligaciones garantizadas por los mecanismos de protección al ahorro. La reducción de la cobertura no podía ser inmediata, ya que era necesario que la banca tuviese tiempo para consolidar su posición y que los depositantes conocieran el alcance de las nuevas disposiciones. Tampoco es aceptable que sean los recursos fiscales los que respalden por un tiempo indefinido los pasivos y depósitos de los bancos.
Reducir la protección del ahorro a los límites que establece la ley, requiere de un esfuerzo coordinado entre la banca y las autoridades. Por ello, el Instituto diseñó un programa que asegura una transición gradual y
ordenada. Por primera vez en la historia financiera del país, conforme pase el periodo de transición de las obligaciones garantizadas, se definirá con claridad la corresponsabilidad de autoridades, banca y público en el Sistema de Protección al Ahorro.
Un sistema limitado de protección al ahorro requerirá de información clara y veraz sobre la situación financiera de los bancos, para que las personas y empresas que les confíen sus recursos puedan evaluar su solidez y exigir una adecuada fortaleza financiera.
Sólo se podrá contar con un sistema bancario con capacidad para financiar el desarrollo nacional, si existen instituciones de crédito fuertes.
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La confianza en la banca no debe descansar en una protección ilimitada de las operaciones a su cargo, sino en su propia solidez. Los riesgos que cubren las instituciones encargadas de proteger el ahorro surgen por la
operación de los bancos, por lo que de ellos mismos deben provenir los recursos para cubrirlos.
De ahí que el legislador haya determinado que las instituciones de banca múltiple paguen al Instituto las cuotas necesarias para su operación y para crear reservas que cubran contingencias. Razones de justicia distributiva exigen que la banca haga su mejor esfuerzo para financiar los costos de proteger el patrimonio de familias y empresas.
Si bien al día de hoy todas las instituciones bancarias enfrentan cargas iguales por concepto de cuotas conforme a la ley, cabe esperar que en el futuro próximo, cuando los bancos concluyan su proceso de consolidación, se establezcan en México tasas diferenciadas que atiendan al riesgo al que están expuestos los depósitos en cada institución, como sucede en otros países -creando así un mecanismo adicional que genere incentivos para dotar de solidez a los bancos. Por lo tanto, la diferenciación descansará en una
premisa básica: la solidez de cada banco.
El instituto sostiene pláticas con la asociación de banqueros de México para analizar la mejor forma de alcanzar este objetivo, para someterla en su momento a la consideración del Congreso de la Unión.
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El Congreso impuso al instituto la obligación de concluir las operaciones de protección al ahorro pendientes. Para tal efecto, este organismo, autoridades y entidades financieras, han avanzado en estrecha coordinación
para solucionar los casos aún no resueltos.
Las acciones de protección al ahorro se han trazado bajo las nuevas reglas y procedimientos diseñados por el legislador, que aseguran un ejercicio transparente y objetivo de los recursos que banca y sociedad aportan para su ejecución.
Los actores que participan en una economía de mercado deben reconocer los riesgos y posibilidades de la libre concurrencia. De ahí que las reglas contenidas en la ley establezcan como prerrequisito para que el instituto otorgue apoyos financieros a una institución en defensa de los ahorradores, que los accionistas reconozcan el costo que les corresponde mediante la recomposición del capital social de la institución de que se trate. Desde su entrada en operación el 21 de mayo de 1999, el otorgamiento de apoyos a ahorradores por parte del instituto siempre ha supuesto la pérdida de capital por parte de los accionistas. Es preciso subrayar que el alto grado de apalancamiento de la actividad bancaria implica que la pérdida del capital de los accionistas generalmente no es suficiente para lograr la consolidación de un banco, por lo que se ha requerido la aplicación de recursos fiscales para responder por el patrimonio del público ahorrador.
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Por mandato legal, el instituto asumió la titularidad de diversos bienes producto de las operaciones de protección al ahorro, y debe proveer normas, políticas y criterios para su pronta recuperación. La ley ordena que el instituto administre y enajene los bienes con el fin de obtener el máximo valor de recuperación posible.
Se han diseñado y puesto en marcha procedimientos de administración y venta de bienes que han significado la aparición de nuevos mercados y actores, que complementan y fortalecen la actividad bancaria. Los terceros especializados que coadyuvan en el cumplimiento de las tareas del instituto, aprovechan nuevas oportunidades de negocios e inversión, que en el mediano plazo se reflejarán en efectos positivos sobre el desempeño de la economía. La escisión de las funciones de intermediación bancaria de las de recuperación
de cartera vencida, procurará tanto la prestación de mejores servicios financieros como mejores condiciones para la recuperación de los bienes.
La reestructuración de las obligaciones crediticias de familias y empresas a través de los bancos generadores o de las entidades administradoras, también se traducirá en mayor productividad y crecimiento económico, mediante arreglos individuales que descansen en la capacidad real de pago de los acreditados.
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Los compromisos financieros del instituto derivados de los programas de protección son la contrapartida de los depósitos del público ahorrador. Su existencia, resultado de un imperativo dictado por el legislador, garantiza el pago de los depósitos bancarios de familias y empresas y dota de certidumbre al cumplimiento de las obligaciones de la banca comercial con otros agentes económicos.
El instituto ha propuesto políticas de manejo sustentable de pasivos que buscan alcanzar dos metas: atenuar su efecto en los presupuestos anuales y evitar el crecimiento de sus obligaciones financieras respecto del tamaño de la economía. Con los recursos aprobados por la cámara de diputados, los provenientes de la recuperación de bienes y de las cuotas de los bancos, en el año 2000 los pasivos no se incrementarán en términos reales.
Con base en las facultades que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000 otorgó al instituto para el canje o refinanciamiento de sus obligaciones financieras, se ha emprendido un programa de emisión de instrumentos de deuda, que permitirá mejorar el perfil, estructura y costo de los pasivos del organismo. El Banco de México actúa como agente financiero para la emisión, colocación, compra y venta en
el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del instituto. Como los demás títulos suscritos por el instituto, los instrumentos del programa de emisiones gozan de la garantía soberana del estado mexicano y comparten las características de los valores a cargo del Gobierno Federal.
En coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se han contratado empréstitos con organismos internacionales para fortalecer la posición financiera del instituto. Su acceso a fuentes de crédito externas representa un importante reconocimiento a las estrategias emprendidas.
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Consciente de su responsabilidad histórica y social, el instituto ha resuelto ordenar su operación bajo cuatro principios rectores: legalidad, autonomía, transparencia y eficiencia.
Legalidad. No cabe un ejercicio adecuado de la función pública sin un marco jurídico que asigne con claridad la competencia entre instituciones. Las disposiciones legales en vigor, al tiempo que definen la naturaleza y alcance del Sistema de Protección al Ahorro, imponen reglas que acotan la discrecionalidad de las autoridades. Apegarse a derecho garantiza la plena legitimidad de las operaciones del instituto.
Autonomía. Una de las preocupaciones fundamentales del congreso al aprobar la Ley de Protección al Ahorro Bancario, fue dotar al instituto de órganos de decisión ajenos al proceso político. La integración plural de su junta de gobierno asegura el cumplimiento de esa meta. La presencia de los cuatro vocales independientes designados por el Presidente de la República y aprobados por el Poder Legislativo Federal, garantiza la persistencia de un sistema justo y equitativo de protección al ahorro. La trayectoria y prestigio de los vocales de la junta de gobierno son factores que generan confianza en el actuar del instituto.
Transparencia. Difundir los resultados de la actuación del instituto y la rendición de cuentas son elementos esenciales para la construcción de la confianza colectiva en las instituciones financieras. Congreso, medios y sociedad deben ser interlocutores activos para conocer las tareas del instituto y evaluar su desempeño.
Aprovecho la ocasión para expresar mi reconocimiento a los legisladores al Congreso de la Unión por su apoyo y continuo interés en las operaciones de protección al ahorro, así como al trabajo de los medios de comunicación, que han difundido con profesionalismo y objetividad las actividades del instituto.
Eficiencia. El instituto entiende por desempeño eficiente el cumplimiento de sus atribuciones en el menor tiempo posible, bajo las mejores condiciones económicas y con soluciones integrales. Para nosotros, es fundamental la estricta observancia de reglas de eficiencia, ya que contribuyen a reducir los costos de las operaciones de protección al ahorro.
Los principios anteriores aseguran consistencia y credibilidad en la organización y funcionamiento del instituto.
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Señoras y señores:
Ante un entorno internacional más competitivo, los distintos estados han trazado múltiples estrategias para consolidar la confianza en sus sistemas financieros. Sin ella, se carece de condiciones que secunden sus necesidades de inversión. Junto con un manejo prudente de las finanzas públicas, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión han avanzado en la creación de un marco propicio para la construcción de las instituciones financieras modernas que demanda el desarrollo nacional.
A pesar de los logros obtenidos aún resta mucho por hacer. Se requiere que la banca retome cuanto antes su papel de promotor del crecimiento, a través del otorgamiento de préstamos para financiar proyectos productivos. Al Congreso corresponde la responsabilidad histórica de modernizar el marco normativo del crédito. A su vez, las autoridades financieras deben alentar mejoras en sus políticas de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del sistema bancario. Por su parte, los accionistas y administradores de las instituciones de crédito deberán concluir el proceso de consolidación de los bancos, modernizar sus sistemas y capacitar a su personal para avanzar en la reactivación del crédito, con criterios que evalúen adecuadamente el riesgo de las operaciones que celebren.
El servicio de banca y crédito es esencial para fomentar un mejor nivel de vida. El proceso de globalización no ha alterado la necesidad de que la banca esté bien arraigada en la comunidad que atiende. El enorme esfuerzo realizado por la sociedad para la protección al ahorro acentúa el compromiso
de la banca con los grupos sociales a quienes ofrece sus servicios. Cualquier entidad financiera ajena a las necesidades de su comunidad carece de la herramienta básica para definir sus estrategias de negocios de largo plazo y crear vínculos de confianza y permanencia.
Consolidar las bases del Sistema de Protección al Ahorro es una tarea que exige un esfuerzo permanente de gobierno y sociedad. Una mayor confianza en sus instituciones financieras elevará la captación de recursos del público.
Este hecho a la postre se traducirá en recursos que contribuyan a financiar el desarrollo económico del país. Autoridades, intermediarios y público en general deben refrendar su compromiso con un esfuerzo común: crear un nuevo sistema bancario basado en la confianza que genera la solidez financiera y la integridad profesional, que apoye el esfuerzo que hacemos los mexicanos para mejorar nuestras condiciones de vida.
Gracias.
