ACUDE MARIO BEAUREGARD ANTE LEGISLADORES A EXPLICAR EL NUEVO PROGRAMA

• Se cumple cabalmente con el 5º. Transitorio de la LPAB

• Se rendirán cuentas cuantas veces sea necesario

• El Nuevo Programa reduce en 116 mmdp el costo fiscal del PCCC
  

El acuerdo al que llegó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) con las instituciones bancarias participantes en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), da cabal cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), de esta manera se da seguridad jurídica y transparencia en la ejecución de las auditorías y se transparenta la reducción de la carga fiscal del PCCC.

El Secretario Ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, señaló lo anterior ante los miembros de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada por el diputado Francisco Luis Monarres Rincón, al cumplir con el exhorto hecho el pasado 4 de agosto de acudir ante esa Comisión a explicar las características del Nuevo Programa a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio de la LPAB.

Ante los legisladores, el Secretario Ejecutivo del IPAB explicó que la relevancia del acuerdo con los bancos está en que éstos aceptaron las realización de las auditorías y se obligaron a sujetarse a sus resultados. Señaló que el Nuevo Programa se instrumentó a través de la firma de un contrato con cada una de las instituciones, lo que asegura que aún cuando los bancos no estuvieran de acuerdo con los resultados de dichas auditorías, no habría marcha atrás en el proceso.

“Tampoco habrá marcha para atrás para nosotros, señaló. También nos sujetaremos al resultado de las auditorías, y una vez que se hayan llevado a cabo los ajustes correspondientes el IPAB emitirá los Pagarés IPAB”.

Mario Beauregard informó que la Auditoría Superior de la Federación entregó al IPAB en días pasados los Papeles de Trabajo que este Instituto había solicitado a la Comisión de Vigilancia, con lo que ya se tienen los elementos para realizar las auditorías de Legalidad.

Recalcó que en todo momento las autoridades financieras han cuidado que a lo largo del proceso se cumpla la Ley, por lo que la selección de los despachos que podrían participar en la realización de las auditorías legales y contables se ha realizado de manera cuidadosa y transparente. Así, se ha cuidado que no existan conflictos de interés entre los terceros especializados y las instituciones de crédito.

Asimismo, se notificó a la Auditoría Superior de la Federación los nombres de dichos despachos y el proceso de contratación se apega a la Ley de Adquisiciones, y en el proceso ha intervenido el propio Órgano Interno de Control del IPAB, que depende de la Secretaría de la Función Pública.

Informó que ya han sido seleccionados los despachos de contadores que realizarán las auditorías contables, y se encuentra en la etapa final la selección de los despachos de abogados, mismo que se estima concluirá en esta misma semana.

Los despachos que llevarán a cabo las auditorias contables son los siguientes:

El Secretario Ejecutivo del IPAB reconoció que el reclamo de la sociedad y del Congreso de la Unión ha sido claro: “Debemos ser más transparentes y rendir cuentas claras cuantas veces sea necesario”. En congruencia con lo anterior señaló que el IPAB dará a conocer versiones públicas de los contratos que se firmaron con los bancos, mismas que podrán ser consultadas en las páginas de Internet del IPAB.

Estableció que las versiones públicas se harán en el marco de la legislación aplicable, lo anterior sin perjuicio de que el IPAB ya remitió a la propia ASF los mencionados contratos y será ésta la que llevará a cabo la revisión de los documentos de acuerdo con sus propias atribuciones. Asimismo anunció que cuando el Instituto tenga los resultados de las revisiones, se harán del conocimiento de las entidades fiscalizadores correspondientes.

En su intervención ante los legisladores integrantes de la Tercera Comisión, Mario Beauregard mencionó que a través del formalización del Nuevo Programa se atendieron muchas de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como la problemática derivada de dichos casos, como es el de los créditos relacionados, en litigio y los menores a 200 mil pesos.

Respecto a los créditos relacionados cabe mencionar que los bancos pagaron en efectivo al Fobaproa casi 9 mil 500 millones de pesos, lo que se reflejó en un aumento inmediato de la recuperación para el Gobierno Federal.

Al referirse a los créditos en litigio, dijo que los bancos se obligaron unilateralmente a sustituir los créditos cuando éstos sufran evicción y a pagar los correspondientes daños y perjuicios, de conformidad con lo establecido en el Código Civil.

En lo que corresponde a créditos menores a 200 mil pesos, hizo mención al establecimiento de un esquema consistente en afectar a un fideicomiso de administración y ejecución, los derechos de cobro, así como los títulos de crédito a cargo del IPAB o el efectivo, en caso de que llegue el vencimiento de los titulos de crédito a cargo del IPAB, en tanto se solventa la observación de la Auditoría Superior de la Federación, se disminuye su monto, o bien la autoridad competente resuelve lo conducente. Lo anterior a efecto de salvaguardar posibles daños a la Hacienda Pública Federal.

Previamente el Secretario Ejecutivo del IPAB hizo un recuento y explicó puntualmente a los legisladores los fundamentos legales en los que el IPAB se basó para la celebración del Nuevo Programa con Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC y Banorte.

Respecto a las características del Nuevo Programa, señaló que con su formalización se logra la reducción de la obligación de pago a cargo del IPAB debido a que se amortizaron los recursos derivados de la cobranza del PCCC; la aplicación de la participación en pérdidas una vez que el IPAB emita los instrumentos de pago, y la obligación por parte de los bancos de hacer frente al esquema de incentivos.

Adicionalmente, como condición precedente para la formalización del Nuevo Programa, los bancos pagaron al Fobaproa 9.5 mil millones de pesos, lo que representó una reducción del costo fiscal del PCCC:

Así, de la obligación original a cargo del Fobaproa por concepto del PCCC por un monto de 223 mil millones de pesos, una vez incluidos todos los conceptos mencionados el costo fiscal estimado al 31 de marzo del presente año es de 107 mil millones de pesos, lo que significa una reducción de 116 mil millones de pesos de la obligación original.

También comentó que la aplicación de las consecuencias que en su caso deriven de las auditorías, así como el establecimiento de reglas de carácter general para el adecuado manejo y administración de cartera, contemplando penas convencionales para el caso de posibles incumplimientos, podrían reducir aún más el costo fiscal de la obligación de pago a cargo del IPAB.

Finalmente, Mario Beauregard reconoció la trascendencia que ha tenido para el sector financiero y para el IPAB el interés de los legisladores en el proceso de implementación del Nuevo Programa, con lo que se da cumplimiento con lo dispuesto por la Ley. “Y a través de la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo reafirmamos nuestro compromiso de otorgar seguridad a los ahorradores de México”, concluyó.